El debate sobre la energía nuclear en España ha estado presente durante décadas. Desde sus inicios en los años sesenta, las centrales nucleares han sido un pilar importante para el suministro eléctrico del país, pero su desmantelamiento es inminente.
Sin embargo, en 2025 el panorama es diferente: el calendario de cierre y desmantelamiento ya está en marcha. El Gobierno español, junto a empresas eléctricas y organismos reguladores, ha diseñado un plan progresivo para cerrar todas las centrales nucleares en funcionamiento antes de 2035.
El coste económico del desmantelamiento es enorme. La factura prevista para clausurar las plantas y tratar los residuos supera los 20.300 millones de euros. A ello se le suma la necesidad de garantizar que la energía renovable y el almacenamiento cubran el hueco que dejarán las nucleares.
Este proceso es todo un desafío, miles de empleos dependen del funcionamiento de estas instalaciones, y regiones enteras como Cofrentes en la Comunidad Valenciana o Almaraz en Extremadura verán transformada su economía local con el cierre de sus plantas.
Las primeras centrales nucleares españolas comenzaron a operar en los años sesenta, en un contexto de modernización y búsqueda de independencia energética. José Cabrera, también conocida como Zorita, fue la pionera en 1968.
Poco después llegarían Santa María de Garoña, Vandellós I y Ascó, marcando el inicio de una nueva era eléctrica. Durante los años setenta y ochenta, la energía nuclear vivió un auge con la construcción de nuevas centrales como Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Vandellós II y Trillo.
España llegó a tener una decena de reactores en activo, que durante décadas produjeron una parte esencial de la electricidad nacional. Sin embargo, tras el accidente de Chernóbil en 1986, la sociedad española empezó a mirar la nuclear con mayor recelo.
El desarrollo de energías renovables y las preocupaciones medioambientales marcaron el inicio del declive. Desde entonces, varias plantas han sido cerradas o puestas en proceso de desmantelamiento.
Hoy, medio siglo después de aquel arranque, la historia de la energía nuclear en España está entrando en su fase final.
España afronta un escenario de transición energética controlada. El cierre progresivo de las nucleares está regulado por un calendario oficial y supervisado por el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio para la Transición Ecológica.
A continuación, repasamos la situación actual con los principales datos.
En la actualidad, permanecen 5 centrales nucleares activas con un total de 7 reactores en funcionamiento. Se trata de Almaraz I y II, Ascó I y II, Cofrentes, Vandellós II y Trillo. Estas plantas aún producen alrededor del 20 % de la electricidad que se consume en España cada año.
Este porcentaje convierte a la nuclear en una pieza relevante del mix eléctrico, aunque su peso se reducirá drásticamente a medida que entren en operación más renovables y sistemas de almacenamiento energético. La estrategia es que esta energía limpia supla el hueco que dejarán los reactores.
En España también existen varias centrales ya cerradas que han dejado de producir energía hace años. Entre ellas, Santa María de Garoña, clausurada en 2013 tras intensos debates políticos y sociales, y Vandellós I, cerrada en 1989 después de un accidente en su turbina.
La primera central nuclear española, José Cabrera (Zorita), también está fuera de servicio y en proceso de desmantelamiento desde 2006. Estas instalaciones ya no producen electricidad, pero siguen siendo objeto de seguimiento por los trabajos de gestión de residuos y seguridad ambiental.
Actualmente, varias plantas se encuentran en pleno proceso de desmantelamiento nuclear. Entre ellas, José Cabrera, Vandellós I y Santa María de Garoña.
El procedimiento es lento y minucioso, ya que implica retirar el combustible, descontaminar las instalaciones y garantizar la seguridad durante décadas.
El objetivo es que los terrenos donde se ubicaban las centrales puedan recuperarse en el futuro, aunque la gestión de residuos de alta actividad sigue siendo uno de los mayores desafíos.
ENRESA, la empresa pública encargada de la gestión nuclear, estima que estos procesos durarán varios años más.
El Gobierno español y las compañías eléctricas pactaron en 2019 un calendario de cierre progresivo que se extiende hasta 2035. Este plan establece que los reactores se irán desconectando de la red uno tras otro, garantizando que siempre exista un reemplazo energético suficiente.
Por ejemplo, Almaraz I será la primera en cerrar en noviembre de 2027, seguida de Almaraz II en octubre de 2028. En torno a 2030 le tocará a Cofrentes y Ascó I, mientras que Vandellós II y Trillo estarán entre las últimas en desconectarse, ya en 2035.
El cierre escalonado pretende evitar un “apagón nuclear” repentino. Sin embargo, empresas como Endesa o Iberdrola han planteado la posibilidad de alargar la vida útil de algunos reactores, especialmente si las energías renovables no logran cubrir toda la demanda. El debate sigue abierto.
El impacto del apagón nuclear en España es enorme. Por un lado, se elimina una fuente de energía constante y predecible, lo que obliga a reforzar la inversión en renovables, almacenamiento con baterías e interconexiones eléctricas con otros países europeos. La seguridad del suministro es un tema clave.
En el plano económico, el desmantelamiento supone miles de millones de euros en inversión, así como un reto para las regiones que dependen de estas plantas.
Localidades como Cofrentes o Almaraz verán afectada su economía, y será necesario generar alternativas en forma de empleo verde e industria renovable. Además, la gestión de los residuos radiactivos continúa siendo una incógnita a largo plazo.
España necesita definir un Almacén Temporal Centralizado o incluso estudiar la opción de un almacén geológico profundo, como ya ocurre en otros países. El futuro de estos residuos es un tema sensible y de difícil consenso político.
Por último, el cierre nuclear refuerza la apuesta de España por convertirse en un país líder en energías limpias y sostenibles.
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