Tener electricidad no es un lujo, se trata de una derecho humano indispensable para vivir dignamente. La energía ilumina hogares, conserva alimentos, mantiene una temperatura adecuada y permite acceder a educación y salud. Por eso vamos a ver qué campañas la defienden realmente.
A pesar de las circunstancias, hoy millones de personas en España y en el mundo sufren de pobreza energética. El gasto de la luz o el gas se ha vuelto inalcanzable para muchas familias y suele culpárseles de las circunstancias.
El problema no distingue fronteras ni edades. Afecta tanto a familias con niños pequeños como a personas mayores que viven solas y no pueden afrontar el gasto de la calefacción o el aire acondicionado.
No obstante, en ese escenario han surgido movimientos sociales y campañas que buscan cambiar las reglas del juego. Todas comparten la idea de que la energía debe ser garantizada como un derecho humano.
La pobreza energética afecta cada vez a más hogares. No se trata solo de pagar facturas altas, sino de tener condiciones mínimas para vivir con dignidad. Del 2020 al 2021, el porcentaje de personas que no pudieron mantener su vivienda caliente en invierno subió del 10,9 al 14,3%.
Además, el retraso en el pago de recibos pasó del 7,2 al 9,5%. Detrás de esas cifras hay familias que deben elegir entre comer o encender la calefacción. La defensa del acceso a la energía no es un capricho ideológico, sino una respuesta urgente a una emergencia social.
Greenpeace y otros colectivos han protagonizado protestas creativas en espacios públicos con la lucha por la energía como derecho en mente. Por ejemplo, han optado por conectar electrodomésticos a redes locales en espacios públicos para evidenciar la desigualdad.
La acción anterior es simbólica, pues muestra que la energía, indispensable para tareas cotidianas, aún no está garantizada para todas las personas. La organización denuncia que la pobreza energética no disminuye, sino que crece en el contexto actual de crisis.
El llamado es contundente disponer de energía suficiente y limpia debe reconocerse como un derecho básico, no como un privilegio. Esta organización exige medidas estructurales, pues reducir el consumo de gas, petróleo y electricidad no puede recaer solo en los hogares.
Entre sus propuestas está que el sistema de fijación de precios –basado en un modelo especulativo y marginalista—se reforme con voluntad política y real. También, sugiere la creación de una tarifa social que asegure acceso universal a los suministros más básicos.
Además, Greenpeace pide prohibir los cortes de servicios a familiar vulnerables y aplicar un principio de precaución antes de suspender la electricidad. Reclaman que, por lo menos, el 30% de los fondos de rehabilitación energética deberían destinarse a dichos hogares.
Existen asociaciones sin fines de lucro que han impulsado campañas para democratizar la energía y hacerla accesible a todos. Argumentan que no basta con ampliar renovables; también hay que cambiar quién decide y quién se beneficia.
Entre estas organizaciones, está Amigas de la Tierra, la cual impulsa la campaña “Tomemos la energía: es la hora de las comunidades energéticas”. La propuesta coloca a los municipios como motores de cambio. Desde lo local, es posible impulsar cooperativas y proyectos de energía limpia.
Las comunidades energéticas no solo reducen emisiones, también fortalecen la cohesión social en los mercados internacionales. Potenciarlas implica abastecer de energía a personas vulnerables sin depender de combustibles fósiles que encarezcan el sistema.
Dar voz a la ciudadanía en el ámbito energético implica que sean los propios vecinos quienes decidan cómo producir y compartir su electricidad. Esto permite generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad.
Además, estas comunidades ofrecen muchas ventajas: promueven la equidad de género, incluyen a colectivos excluidos y dinamizan economías locales. En un mundo con políticas climáticas aún insuficientes, estas iniciativas ciudadanas muestran que hay alternativas reales.
La Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) y Ecoserveis, dos organizaciones sin fines de lucro, se han unido para impulsar la campaña “Energía Justa”. La idea es defender los derechos energéticos de los más vulnerables.
La iniciativa se lanzó en el contexto de precios récord de luz y aumento de hogares en riesgo de exclusión que aún sigue vigente. A través de videos, ofrecen consejos prácticos para afrontar la factura eléctrica y mejorar la eficiencia de la casa.
Los miembros de esta organización responden dudas sobre la nueva factura, el origen de la electricidad y medidas domésticas de bajo coste. También, organiza talleres y asesoramientos individuales. De este modo, acompañan a las familias que no saben cómo reducir su gasto energético.
En el caso específico de Madrid, el programa cuenta con el apoyo de Fundación Montemadrid y Caixabank, lo que le permite ampliar su alcance. Más allá de la ayuda práctica, se trata de recordar que la energía no es un bien cualquiera: es un derecho básico.
El acceso a la energía es base para ejercer otros derechos, como la salud, la educación o la vivienda digna. Por ello, reconocerla como un derecho humano no es solo una consigna, sino una necesidad urgente frente a las crisis actuales.
Campañas como las descritas previamente –Greenpeace, Amigas de la Tierra o ABD—muestran que hay caminos para un modelo más justo. La transición energética debe hacerse con mirada social, priorizando a las familias vulnerables y garantizando que nadie quede atrás.
Hacer de la energía un derecho universal no solo reduce desigualdades, también impulsa una transición verde que beneficia a toda la sociedad y al planeta. Solo así podremos hablar de un futuro sostenible, equitativo y verdaderamente democrático.
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